Casi a escondidas, el Gobierno intenta colocar al juez Baltasar Garzón como representante del Estado español en una institución europea para la prevención de la tortura. Asociaciones de derechos humanos se oponen.
Diagonal Alvar Chalmeta
“Queremos expresar nuestro rechazo directo y específico a la candidatura del Sr. Baltasar Garzón Real como miembro del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa”. Así de contundentes se posicionaban en un manifiesto 23 asociaciones de defensa de los derechos humanos ante la pretensión del Gobierno español de que el polémico magistrado sea el representante en este organismo europeo de protección de los derechos humanos.
El Consejo de Europa (que no debe ser confundido con la Unión Europea) es un organismo internacional con sede en Estrasburgo. Actualmente, agrupa a 47 Estados (la mayor parte del continente europeo) y fue creado en 1949 para promover la democracia y los derechos humanos en Europa. En 1989, para mejorar la protección de las personas privadas de libertad, el Consejo estableció el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), un mecanismo no judicial de carácter preventivo con capacidad para inspeccionar sin restricciones las cárceles y centros de detención de los estados miembros.
Aunque los informes que realiza el CPT, tras las regulares visitas de sus delegaciones a los diferentes países, no son vinculantes, sus críticas y recomendaciones tienen gran peso. Sus miembros son expertos independientes provenientes de distintos ámbitos (juristas, médicos o especialistas en temas penitenciarios o policiales) elegidos, a título individual (no representan al país que los propone) por el Consejo de Europa a propuesta de cada Estado, pero teniendo en cuenta la opinión del CPT. A día de hoy los asientos correspondientes a Moldavia, Bosnia-Herzegovina y al Estado español están vacantes.
“La delegación española en el Consejo de Europa, presentó una terna de candidatos: Garzón, en el primer puesto; después se encuentra Miriam Cugat, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona; y Carlos Fernández Liesa, catedrático y secretario general de la madrileña Carlos III”, explica Jorge del Cura, del Centro de Documentación contra la Tortura de Madrid. “La falta de transparencia en su elección me hace temer lo peor”.
Proceso de selección viciado
Un recelo que comparte Carlos Hernández, de la asociación de apoyo a las personas presas SalHaketa Bizkaia y uno de los impulsores del manifiesto: “Sólo falta que el Consejo de Europa haga su elección. Dada la falta de información oficial, lo único que sabemos es que la delegación española aseguró que Garzón era el candidato favorito del Gobierno y que, por su parte, el portavoz del CPT relegó la candidatura de Garzón al último puesto, priorizando la de Miriam Gugat. No queremos opinar sobre los otros dos candidatos porque el problema no son los nombres sino el proceso de selección, que incumple los criterios de publicidad y transparencia –los llamados Principios de París–. Esto les resta credibilidad con independencia de sus méritos o deméritos personales”.
Según el manifiesto, difundido a primeros de mayo, Garzón “no es apto, moralmente hablando, para participar en una institución de prevención de la tortura” ya que “durante las etapas en que ha sido magistrado- juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional –entre 1988 y 2010– ha ordenado la detención incomunicada de cientos de personas. Una forma de detención denunciada como un espacio de impunidad que permite la existencia de las torturas y restringe derechos fundamentales”.
Según explica del Cura, “en todos sus informes, una y otra vez, el CPT ha criticado la detención incomunicada (ya sea pidiendo su abolición o su modificación) y la falta de investigación de las denuncias por tortura. Ahora, el Comité podría encontrarse que uno de sus miembros, es uno de los magistrados que, por una parte, mayor uso han hecho de la práctica de detención incomunicada y, por otra parte, menos interés ha tenido en investigar la veracidad de las denuncias y relatos de los detenidos cuando pasaban ante él”.
Para Hernández “la presencia de Garzón en el CPT tendría un efecto negativo. Oficialmente no podrá participar de ninguna visita a España, ni valorar los informes que resulten de ellas. Eso sí, es evidente que podrá influir extraoficialmente en los mismos. Pero con independencia de estas cuestiones, la oposición a su candidatura es ética. Una persona que como Garzón ha recibido condenas y críticas tanto del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Supremo, como del propio CPT por no haber investigado suficientemente denuncias de torturas no puede participar de una institución de prevención de los malos tratos. Creo que esta maniobra es un intento de proporcionar a Garzón una salida honrosa a su actual situación procesal”. Una posible salida honrosa que haría olvidar su papel más oscuro.
“Es difícil contrarrestar la imagen impoluta de este juez en determinados ámbitos. En algunos casos se puede llegar a entender (Argentina y Chile), e, incluso, se puede denunciar la persecución que sufre por parte de algunos sectores interesados en ocultar los crímenes del Franquismo. Pero lo que no se puede hacer es ocultar su pasado y su complicidad en los casos de tortura de centenares de personas”, afirma Ramón Piqué de la catalana Asociación Memoria Contra la Tortura. Y remacha “creo que muchas de las personas que le defienden, conocen o han oído hablar de esta otra cara de Garzón, pero es más fácil mirar hacia otro lado. Para erradicar la tortura es necesario superar esta visión maniquea”.
“GARZÓN INTENTÓ QUITARSE CULPA EN VEZ DE DAR LA CARA”
El manifiesto cita varias sentencias en las que tribunales superiores reprochan al magistrado no haber investigado adecuadamente las denuncias de malos tratos por parte de personas detenidas e incomunicadas por orden suya. Es el caso de los cerca de 40 independentistas catalanes detenidos en 1992, por orden de este juez. Muchos de ellos denunciaron ante Garzón haber sido torturados. La no investigación de estas denuncias, supuso la primera condena al Estado español por violación de derechos humanos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH).
“Cuando en julio de 1992 pasé ante el juez Garzón, entre otras lesiones visibles, tenía un moratón enorme, causado por una fisura del pómulo –producto de los golpes recibidos por la Guardia Civil. Era muy visible, y cuando Garzón me preguntó por esta lesión, le expliqué con detalle cual había sido el trato. Ni se inmutó, y no preguntó más”, recuerda Ramón Piqué, de la Asociación Memoria Contra la Tortura, una de las organizaciones firmantes del manifiesto. “Limitó su ‘investigación’ a pedir un informe a la médico forense y al agente instructor del caso. En ese informe, ambos concluían que todas las agresiones eran por autolesiones, tanto las mías como las de los otros detenidos. Cuando en 2004, el TEDH condenó al Estado español, Garzón respondió que la condena no invalidaba su instrucción porque no decía que las torturas se habían producido. En la sentencia se recoge que dado el tiempo pasado era ya imposible pronunciarse al respecto. Garzón intentó quitarse culpa en vez de dar la cara»
