COPEL: UNA HISTORIA DE REBELDIA Y DIGINIDAD

El 16 de marzo a las 19.00 horas, en Katakrak (Pamplona, C/ Mayor 54) presentamos el documental

COPEL: UNA HISTORIA DE REBELDIA Y DIGNIDAD

Después de 40 años de silencio, un grupo de antiguos componentes de la COPEL hemos decidido contar su historia, la de la intervención auto organizada en la “Transición española a la democracia” de los presos sociales, para que se respetara nuestra condición de personas incluyéndonos en la amnistía.

De la movilización espontánea y auto organizada de los presos sociales reivindicando la amnistía también para nosotros, surge la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL), organización horizontal y asamblearia por la que tomamos la palabra quienes nunca la habíamos tenido, consiguiendo poner en un brete al Estado durante más de dos años y sacando a la luz la injusticia e inhumanidad fundamental de la máquina social punitiva.

En la presentación contaremos con la participación de:

GEMMA SERRAHIMA: ayudante de realización del documental y más.

FERNANDO ALCATRAZ: ex preso libertario y miembro de los comités de apoyo a COPEL.

DANIEL PONT: ex preso social y miembro de COPEL.

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EL ABORDAJE DE LOS CASOS “YLLANES” Y “LA MANADA” COMO RETO (artículo de opinión)

Hoy las mujeres seguimos estando en una relación de subordinación frente al varón en muy distintas esferas y niveles, desde la más meramente personal y relacional de lo cotidiano hasta la más amplia y transversal representada en todas y cada una de las instituciones construidas a lo largo de los siglos por el patriarcado, entre las que se encuentra, por ejemplo, el sistema de justicia penal.

La violencia contra las mujeres es real y mucho más amplia de lo que se documenta, y las mujeres tenemos que buscar protegernos de ella y hacerle frente. Para ello, entre otras formas, existe el recurso a la justicia penal. Sin embargo, tenemos que afirmar que los sistemas penales actuales no sirven para proteger a la víctima o para enfrentar a la violencia de forma constructiva para que esta no se repita, sino únicamente para imponer un castigo a quien ha cometido el delito, generando así nuevas violencias. Castigo y violencia, que de la mano del miedo y la intimidación, siempre han sido la herramienta principal del patriarcado.

En los últimos tiempos se está empezando a escuchar algo que nuestro colectivo viene poniendo en relieve desde hace muchos años como es que el sistema de justicia que tenemos es, entre otras cosas, un sistema patriarcal. Y lo es, porque el propio concepto de Derecho penal, el proceso penal y todos los mecanismos y agentes en torno al sistema de justicia penal han sido construidos en y desde el patriarcado, sea la figura del juez, la lógica de acusación y defensa, la policía y por supuesto la prisión.

Esta afirmación en ocasiones se mezcla o es relacionada con otras en las que a la frase “la justicia que tenemos es patriarcal” le siguen expresiones o reivindicaciones tales como: “es patriarcal porque la falta de consentimiento es indudable”, “es patriarcal porque no atiende a las mujeres”, “es patriarcal porque le han hecho un interrogatorio muy duro a una mujer”, “es patriarcal porque un violador o maltratador nunca debería salir de prisión”, “es patriarcal porque tiene YA! permisos de salida”… Es decir, existen voces que denuncian el sistema por patriarcal, pero añaden estas expresiones de seguido, lo que claramente muestra que el concepto de justicia que piensan va de la mano de una pena de prisión ejemplar y dura. Así, a pesar de la inicial crítica a la justicia por patriarcal, simplemente se legitima el modelo de justicia existente, fortaleciendo el sistema de justicia patriarcal pero con menos garantías y más punitivo. El discurso que traen esas voces refuerza el mantenimiento de un sistema que, por ejemplo, tiene uno de los Códigos penales más duros en toda Europa y más personas en prisión, están reforzando el mantenimiento de prácticas en los tribunales vulneradoras de los más básicos derechos de las personas detenidas, en la custodia o de defensa, entre otras muchas deficiencias. En definitiva, se está reforzando un sistema de justicia fracasado como advertirá, si es honesta consigo misma, cualquier persona que lo conozca de cerca, porque lo ha vivido o porque forma parte de él.

Así, el empleo de muñecos colgando representando a los 5 hombres del caso “la manada”, carteles de “se busca”, lemas llenos de violencia, otros que emplean la amenaza, exigir nuevas modificaciones del CP para endurecer aún más sus penas (cualesquiera, también la de inhabilitación profesional de forma indefinida para el caso Yllanes)…, son expresiones que se sumergen en la venganza y castigo reforzando las bases del sistema de justicia penal patriarcal y distorsionando las exigencias de quienes también somos feministas. Nuestra posición claramente antipunitivista también es incondicional y nos exige señalar que estos actos y exigencias forman parte de la misma lógica de justicia que buscamos combatir y que no se tratan de una forma de autodefensa.

¿Qué queremos decir con esto? Que si queremos que el sistema de justicia no sea patriarcal tendremos que atacar la idea misma de castigo que aborda el delito en la figura del agresor a través de un sin fin de mecanismos de violencia institucionalizada, se olvida de la víctima y lo que es más importante incluso, no incide en las razones que dieron como resultado la agresión. Es necesario pensar en alternativas desde otros lugares porque estamos buscando en la justicia penal respuestas que no podemos encontrar ahí y un ejemplo claro de esto ha sido el abordaje de la violencia de género.

Si no pensamos en otros espacios y escenarios menos violentos y con otras lógicas, otros agentes lejos de los jueces y otras alternativas que no sean la prisión solo estaremos reforzando la justicia penal patriarcal. Pero además de patriarcal, o precisamente por eso, la justicia también es clasista, racista, desigual para unos y otras… Y cuanto más se refuerce la actual justicia penal más racista, desigual, clasista y patriarcal será nuestra sociedad y más perjudicadas quedaremos todas.

La cuestión es que en todo esto como sociedad nos encontramos en una difícil tesitura. Por un lado, en primer lugar, las mujeres tenemos que lidiar con ser permanentemente cuestionadas, puestas en duda, responsabilizadas o criticadas. En este sentido el trato dado por la mayoría de los medios de comunicación del Estado Español en torno a la cuestión del consentimiento para mantener relaciones sexuales en el caso de “La Manada” ha sido un ejemplo paradigmático y vergonzante. En segundo lugar, nos toca crear y mantener lazos de sororidad entre nosotras en torno a la cuestión sexual, relacional, de violencia contra nosotras…Un ejemplo maravilloso de esto ha sido el lema “Yo sí te creo”. Pero además, en un extremo totalmente opuesto, resulta que también tenemos que estar atentas a que no se nos utilice como “arma” para endurecer las políticas criminales afirmando que el sistema penal supuestamente busca proteger los intereses de las mujeres, que es precisamente lo que queremos señalar con este artículo.

El reto es construir un modelo no con decisiones que fortalezcan las opciones represoras contra los agresores y que dejan sin contenido, prioridad y presupuesto aquellas inmediatas que más necesitan las víctimas, y en general, en este contexto, más necesitamos las mujeres. Básicamente y para ser más claras, estamos hablando de que esas instituciones construidas a imagen y semejanza del patriarcado nos dejen de tomar el pelo y en lugar de invertir miles de millones de euros en mantener un sistema de justicia fracasado, todas las cárceles del Estado y seguir manteniendo encerradas a más de 60 mil personas sin ningún tipo de resultado de reinserción, se invierta en programas que prevengan de verdad la violencia contra las mujeres, que aborden la cuestión de la pobreza y la desigualdad social y como respuesta se comiencen a implementar modelos reparadores en lugar de punitivos.

Desde los feminismos, desde donde se están construyendo nociones alternativas para sostener la vida en muy distintas esferas, y muy concretamente desde los feminismos antipunitivistas, entendemos que existe la responsabilidad histórica de criticar de manera frontal y desde la raíz el sistema penal imperante porque hay un peligro intrínseco de recurrir al Derecho penal por parte de quienes queremos cambiar la sociedad.

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COMPETENCIAS EN MATERIA PENITENCIARIA

Esta mañana Salhaketa Nafarroa ha presentado en una mesa de trabajo en el Parlamento de Navarra el informe que hemos elaborado y que presentamos públicamente el pasado día 29 de mayo “La asunción de competencias en materia penitenciaria por la Comunidad Foral de Navarra. La necesidad de un impulso”.

Salhaketa Nafarroa ha solicitado al Parlamento que inste al Gobierno de Navarra y al Gobierno estatal para que se proceda a la asunción de competencias en materia penitenciaria. Igualmente ha solicitado que en tanto en cuanto no se asuman dichas competencias se inste a ambos gobiernos para que ejerzan las competencias históricas que Navarra tiene respecto de la cárcel de Pamplona así como que se asuman las competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales.

En una segunda mesa de trabajo se ha hablado de la situación actual de la Cárcel de Pamplona donde junto a Libertad Francés de SALHAKETA han participado Juan Jose Castiella de ACOAD, Andoni Aguirre de ANTOX y Julia Munarriz de SARE.

Pincha aquí para ver las mesas de trabajo.

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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se olvida de nuevo de las personas presas (artículo de opinión)

El pasado lunes 4 de septiembre se pusieron en marcha los nuevos recorridos del Transporte Urbano Comarcal coincidiendo con las modificaciones de tráfico previstas en el plan para la amabilización del centro de Pamplona, promovido por el Ayuntamiento de Pamplona. Es decir, el Ayuntamiento de Pamplona decidió amabilizar el centro de la ciudad y para ello la Mancomunidad modificó los recorridos de las villavesas, entre otras medidas. Así se han modificado líneas, paradas y frecuencias todo ello, según recoge la Mancomunidad en los dípticos explicativos de los nuevos recorridos, para ¡ACERCARNOS MÁS AL CENTRO! Así dicen “el centro de la ciudad cambia para adaptarse a las necesidades de movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de la Comarca. Por eso, a partir del próximo 4 de septiembre, el servicio de transporte urbano incorpora mejoras que contribuirán a hacer de nuestra ciudad un lugar más amable y sostenible”.

Sin embargo, ninguna de esas modificaciones han afectado a un servicio que Salhaketa lleva reclamando desde el año 2012, una línea que llegue hasta la Cárcel de Pamplona y que también la acerque al corazón de la ciudad.

Tirar de hemeroteca siempre es útil, y desde luego esta petición tiene mucho recorrido. El 17 de junio de 2012 se procedió a trasladar a las personas presas de la antigua cárcel de Pamplona a la nueva macro- cárcel situada en la Colina de Santa Lucia. Esto hace ya más de 5 años. Ya antes de que se procediera a efectuar ese traslado desde Salhaketa Nafarroa veníamos denunciando todos los sin sentidos que se daban alrededor de esa nueva macro cárcel. Entre estos sin sentidos recogíamos que nadie había pensado que trasladar la prisión implicaba hacer un esfuerzo para comunicar el nuevo presidido con el centro de la ciudad.

Por eso hace 5 años iniciamos una campaña solicitando que el transporte público llegara hasta la Cárcel de Pamplona. Recabamos apoyos entre las entidades social y recogimos firmas entre la ciudadanía para finalmente presentar una petición a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Lo que solicitábamos a la Mancomunidad era que “en su carácter de servicio público, instaure una línea de autobuses urbanos que llegue a la nueva cárcel de Pamplona”.

Tras varias reuniones con la Mancomunidad, impugnación de presupuestos, peticiones en el Parlamento y solicitud de informes, este asunto cayó en el olvido para la Administración Pública que entendía que dicho servicio no era rentable y que por lo tanto no podía procederse a su implantación. Ante esto nos preguntamos ¿es que hay personas de primera y de segunda para la Administración Pública? ¿es que no es igual de público un centro hospitalario que un centro penitenciario? ¿Por qué no se garantiza el acceso a un servicio público mediante transporte público?

Aparentemente en el año 2016 las cosas iban a cambiar. Tras una nueva petición por parte de Salhaketa para que se estableciera un servicio de transporte público a la Cárcel de Pamplona, aprovechando el “Gobierno del Cambio”, se retomaron las reuniones con la Mancomunidad, reuniones a las que acudían también representantes del Departamento de Justicia del Gobierno de Navarra y representantes de algunos grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona.

Sin un estudio serio se descartó la posibilidad de que una villavesa llegase hasta el Centro Penitenciario y se acordó que el transporte a la Cárcel se realizaría con un servicio especial de taxi de una forma asimilada a lo que sucede en otras zonas de la comarca como, por ejemplo, el municipio de Esparza de Galar.

Desde el Área de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Pamplona se ha trabajado en perfilar este proyecto de servicio de taxi del que la Mancomunidad, a pesar de haber sido una de las impulsoras de ésta fórmula de transporte a la cárcel, se ha desmarcado del todo diciendo que ellos no lo financian porque no está dentro de sus competencias.

Así pues, parece ser que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no considera que las necesidades de movilidad de todas las ciudadanas y ciudadanos sean iguales, y trata a las personas presas como ciudadanas de segunda.

Desde Salhaketa insistimos en la necesidad de que un transporte público llegue hasta la cárcel de Pamplona e instamos a las Administraciones a que continúen trabajando en ello, recordando que la cárcel tiene el carácter de “servicio público” -al menos formalmente- al que la gente tiene que acudir por obligación y que las personas que están cumpliendo condena y sus familiares tienen derecho a que se les considere igual que al resto de la ciudadanía.

 

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¿CUMPLIR CONDENA EN EL LUGAR DE ORIGEN? REALIDAD Y PROPUESTAS

Salhaketa Nafarroa y Sare Herritarra hemos organizado estas jornadas para hablar sobre el cumplimiento de condenas en el lugar de origen.

Estas jornadas pretenden dar a conocer la realidad actual de lo que supone cumplir condena lejos del lugar de origen con relatos en primera persona así como desde diferentes perspectivas profesionales. Pero también se tratan de realizar propuestas, que si bien pueden no ser novedosas, no dejan de ser necesarias para acabar con este alejamiento.

Las Jornadas tendrán lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en el Palacio del Condestable (C/ Mayor nº 2 Iruña) de 19:00 a 21:00 horas.

La Ley Orgánica General Penitenciaria establece en su artículo 12 que “la ubicación de los establecimientos será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo de los penados”.

Es pues la propia Ley quien establece la obligación a la administración de evitar el desarraigo de las personas presas evitando en la medida de lo posible que éstas cumplan condena lejos de su lugar de origen. Esta regla general se ha vuelto una excepcionalidad siendo que la Administración Penitenciaria ha convertido casi en excepción el derecho a que las personas presas cumplan condena en su lugar de origen o donde tienen su arraigo familiar lo que supone un total desarraigo para las personas presas.

Cumplir condena lejos del entorno social donde una persona vivía antes de su ingreso en prisión supone grandes agravios y problemas, se reduce la posibilidad de visitas con familiares y allegados o que estas se realicen a costa de un sobresfuerzo personal y económico por partes de los familiares y personas allegadas, y dificulta enormemente el proceso de incorporación a la vida en libertad.

Según cifras facilitadas por el Gobierno estatal a fecha 9 de febrero de 2017 había 200 personas navarras o con arraigo en Navarra cumpliendo condena en otras cárceles del estado.Además, al menos 14 personas se encuentran cumpliendo condena en el Estado francés.

 

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