La prisión permanente revisable es una pena cruel, inhumana y degradante y, como tal, está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, antes de la introducción de esta cadena perpetua encubierta, dicha prohibición ya se incumplía con la previsión de penas de hasta 40 años que desde hace tantos años habitan en nuestro Código penal.

La pena de prisión permanente revisable es una pena de duración indefinida, lo que significa que, en principio, es hasta la muerte de la persona. Tal y como se regula en el Código Penal, se puede suspender su ejecución a partir de los 25 años o 35 años de cumplimiento efectivo, dependiendo de supuestos, y sólo en caso de que concurra un pronóstico de no reincidencia y la persona presa esté clasificada en régimen abierto. La aplicación de la prisión permanente revisable se prevé para determinados delitos que, antes de que se introdujera esta pena, ya recibían una respuesta penal durísima, pues podían ser castigados con penas de hasta 35 o 40 años de prisión, dependiendo del caso, más 10 años de libertad vigilada después de la prisión. De este modo, por ejemplo, si, con el régimen anterior, una persona de 30 años de edad cometía alguno de estos delitos, la pena a imponer, era ya, de facto, a “perpetuidad”, pues suponía salir de la cárcel con 65 o 70 años y con control hasta los 75 u 85. Para entonces, las posibilidades de emprender un proyecto vital son prácticamente nulas. ¿Para qué entonces la prisión permanente? ¿Acaso no teníamos ya una cadena perpetua camuflada en nuestro Código penal?

En definitiva, tanto la prisión permanente revisable, como estas penas de tan larga duración, niegan a la persona la esperanza razonable de alcanzar la libertad a través de la revisión de la pena y, por eso, vulneran tanto el art. 15 de la Constitución como el art. 3 del Convenio de Roma, que prohíben las penas inhumanas o degradantes. Igualmente, vulneran el artículo 25 de la Constitución española que establece que la finalidad de las penas privativas de libertad son la reinserción y reeducación del penado.

Quienes defienden el mantenimiento de la prisión permanente revisable en nuestro sistema de penas, dicen que no es contraria a estas normas porque es revisable. Sin embargo, esto solo muestra lo poco familiarizadas que están las personas que afirman esto con la práctica penitenciaria, pues, la realidad es que en ella prima el castigo por encima de cualquier otro objetivo, no existen medios de tratamiento en las prisiones y menos todavía para personas presas por largas condenas. Así, si la finalidad de la reinserción es una falacia para penas cortas, ¿alguien cree que se puede revisar realmente la pena en esas condiciones? Después de tantos siglos de castigos y de prisiones, se sabe que los efectos desocializadores de la cárcel en las personas presas durante 20 años, hacen muy difícil una valoración psicológica y de reinserción positiva. Por tanto, ni por la práctica habitual que se impone desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ni por los medios que se disponen para el tratamiento penitenciario ni por los requisitos legales que se exigen la revisión sucederá y las personas morirán en prisión. Pero además, seamos honestas, ¿realmente somos capaces de tomar consciencia de qué significa estar encerradas 25, 30, 40 años? ¿Quién puede vivir sin esperanza razonable?

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las personas presas condenadas por delitos graves -como los que son susceptibles de suponer la aplicación de esta pena máxima-, son clasificadas, casi siempre y sin límite, en régimen cerrado. Son destinadas a módulos de aislamiento o cárceles de régimen cerrado y viven en condiciones inhumanas, como así se recoge en el Informe del Defensor del Pueblo del año 2016 y los Informes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Ese régimen supone estar 21 horas en una celda de pocos metros cuadrados, entre otras cosas ¿no es esto inhumano?

Pero además se debe criticar a la prisión permanente revisable desde otros lugares como por ejemplo desde la no constatación de que disuada de la comisión de los delitos más graves, y porque también compromete otros principios del ordenamiento jurídico como el principio de legalidad (art. 25.1 CE) y seguridad jurídica (art. 9.3. CE)

Sin embargo, estamos instaladas en las múltiples mentiras de los medios de comunicación. Nunca antes en la historia hemos estado tan desinformadas teniendo tantos medios de comunicación a nuestro alcance. Y, en torno a las cuestiones penales, la desinformación es máxima. El tratamiento informativo que se da por los medios de comunicación a los delitos en general, y más aún a los delitos graves, está carente de toda ética. Estos medios pretenden difundir dos ideas rotundamente falsas, y lo hacen además utilizando el dolor de (algunas) víctimas, porque esto les proporciona un importante rédito en términos de audiencia y, en consecuencia, económico –además de los intereses políticos que pretendan apoyar y sostener-

En primer lugar, se difunde la idea de que en el Estado español se cometen muchos delitos y muy graves, y que, por tanto, en aras de la seguridad colectiva, es necesario endurecer las penas. La realidad es que España es una sociedad segura, cualquier análisis estadístico así lo demuestra. Sin embargo, es una sociedad asustada, una sociedad que compra miedo porque es lo que se le vende desde los medios y los “generadores de opinión”. Eso sí, miedo irracional y sin base real, miedo que atenta directamente contra los principios rectores de cualquier sistema democrático, miedo que nos hace más débiles.

En segundo lugar, se dice que las condenas penales no se cumplen y que las personas entran y salen de prisión rápidamente, no cumpliéndose efectivamente las penas. La realidad arroja que sólo el 16% de las personas presas están en régimen abierto, y lo están con controles estrictos. El resto pasa todo el tiempo de condena en régimen de encierro en prisión, desde el primero hasta el último día. Es una auténtica falacia afirmar que las personas “entran en prisión por una puerta y salen por otra”. Al contrario: contamos con la mayor tasa de personas presas de toda Europa occidental y con una media de tiempo de cumplimiento muy superior a la de los países de la UE, a fecha 31 de diciembre de 2017 había en las cárceles dependientes de la Administración General del Estado 864 personas cumpliendo condenas superiores a 30 años, al año mueren más de 120 personas en las prisiones del Estado español, existe la tortura, las situaciones de indignidad son muchas y variadas dentro de esos muros y tenemos uno de los Códigos penales más amplios y duros de toda Europa.

Una sociedad que no sale a la calle para decir NO al ejercicio de poder del Estado mediante el castigo y la fuerza es una sociedad que no actúa frente a los recortes en los derechos y libertades de las personas y renuncia a los principios fundamentales de la democracia. La cuestión es muy clara y creemos que ha de ser dicha sin medias tintas. Tenemos un Código penal absolutamente autoritario y desproporcionado, unas propuestas de política social y política criminal afinadas con el fascismo y, en definitiva, incompatibles con un Estado Social y Democrático de Derecho, si todavía pensamos que queda algo de esto en el sistema en el que estamos instaladas.

Paramos por todas las mujeres, paramos por nosotras mismas  y especialmente por las MUJERES PRESAS. Porque la prisión consolida los roles normativos de género, porque con la falsa excusa de que son menos numerosas que los hombres en prisión, son invisibles para la institución y porque la prisión es una expresión más del patriarcado.  Por todo eso, se hace necesario la abolición de la prisión y hoy transmitir su voz. CONTRA LA CULTURA PATRIARCAL DEL CASTIGO! Súmate a la columna para la mani del 8M. Quedada a las 19:30 horas en el kiosko de la Plaza del Castillo de Iruña.

El 16 de marzo a las 19.00 horas, en Katakrak (Pamplona, C/ Mayor 54) presentamos el documental

COPEL: UNA HISTORIA DE REBELDIA Y DIGNIDAD

Después de 40 años de silencio, un grupo de antiguos componentes de la COPEL hemos decidido contar su historia, la de la intervención auto organizada en la “Transición española a la democracia” de los presos sociales, para que se respetara nuestra condición de personas incluyéndonos en la amnistía.

De la movilización espontánea y auto organizada de los presos sociales reivindicando la amnistía también para nosotros, surge la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL), organización horizontal y asamblearia por la que tomamos la palabra quienes nunca la habíamos tenido, consiguiendo poner en un brete al Estado durante más de dos años y sacando a la luz la injusticia e inhumanidad fundamental de la máquina social punitiva.

En la presentación contaremos con la participación de:

Hoy las mujeres seguimos estando en una relación de subordinación frente al varón en muy distintas esferas y niveles, desde la más meramente personal y relacional de lo cotidiano hasta la más amplia y transversal representada en todas y cada una de las instituciones construidas a lo largo de los siglos por el patriarcado, entre las que se encuentra, por ejemplo, el sistema de justicia penal.

La violencia contra las mujeres es real y mucho más amplia de lo que se documenta, y las mujeres tenemos que buscar protegernos de ella y hacerle frente. Para ello, entre otras formas, existe el recurso a la justicia penal. Sin embargo, tenemos que afirmar que los sistemas penales actuales no sirven para proteger a la víctima o para enfrentar a la violencia de forma constructiva para que esta no se repita, sino únicamente para imponer un castigo a quien ha cometido el delito, generando así nuevas violencias. Castigo y violencia, que de la mano del miedo y la intimidación, siempre han sido la herramienta principal del patriarcado.

En los últimos tiempos se está empezando a escuchar algo que nuestro colectivo viene poniendo en relieve desde hace muchos años como es que el sistema de justicia que tenemos es, entre otras cosas, un sistema patriarcal. Y lo es, porque el propio concepto de Derecho penal, el proceso penal y todos los mecanismos y agentes en torno al sistema de justicia penal han sido construidos en y desde el patriarcado, sea la figura del juez, la lógica de acusación y defensa, la policía y por supuesto la prisión.

Esta afirmación en ocasiones se mezcla o es relacionada con otras en las que a la frase “la justicia que tenemos es patriarcal” le siguen expresiones o reivindicaciones tales como: “es patriarcal porque la falta de consentimiento es indudable”, “es patriarcal porque no atiende a las mujeres”, “es patriarcal porque le han hecho un interrogatorio muy duro a una mujer”, “es patriarcal porque un violador o maltratador nunca debería salir de prisión”, “es patriarcal porque tiene YA! permisos de salida”… Es decir, existen voces que denuncian el sistema por patriarcal, pero añaden estas expresiones de seguido, lo que claramente muestra que el concepto de justicia que piensan va de la mano de una pena de prisión ejemplar y dura. Así, a pesar de la inicial crítica a la justicia por patriarcal, simplemente se legitima el modelo de justicia existente, fortaleciendo el sistema de justicia patriarcal pero con menos garantías y más punitivo. El discurso que traen esas voces refuerza el mantenimiento de un sistema que, por ejemplo, tiene uno de los Códigos penales más duros en toda Europa y más personas en prisión, están reforzando el mantenimiento de prácticas en los tribunales vulneradoras de los más básicos derechos de las personas detenidas, en la custodia o de defensa, entre otras muchas deficiencias. En definitiva, se está reforzando un sistema de justicia fracasado como advertirá, si es honesta consigo misma, cualquier persona que lo conozca de cerca, porque lo ha vivido o porque forma parte de él.

Así, el empleo de muñecos colgando representando a los 5 hombres del caso “la manada”, carteles de “se busca”, lemas llenos de violencia, otros que emplean la amenaza, exigir nuevas modificaciones del CP para endurecer aún más sus penas (cualesquiera, también la de inhabilitación profesional de forma indefinida para el caso Yllanes)…, son expresiones que se sumergen en la venganza y castigo reforzando las bases del sistema de justicia penal patriarcal y distorsionando las exigencias de quienes también somos feministas. Nuestra posición claramente antipunitivista también es incondicional y nos exige señalar que estos actos y exigencias forman parte de la misma lógica de justicia que buscamos combatir y que no se tratan de una forma de autodefensa.

¿Qué queremos decir con esto? Que si queremos que el sistema de justicia no sea patriarcal tendremos que atacar la idea misma de castigo que aborda el delito en la figura del agresor a través de un sin fin de mecanismos de violencia institucionalizada, se olvida de la víctima y lo que es más importante incluso, no incide en las razones que dieron como resultado la agresión. Es necesario pensar en alternativas desde otros lugares porque estamos buscando en la justicia penal respuestas que no podemos encontrar ahí y un ejemplo claro de esto ha sido el abordaje de la violencia de género.

Si no pensamos en otros espacios y escenarios menos violentos y con otras lógicas, otros agentes lejos de los jueces y otras alternativas que no sean la prisión solo estaremos reforzando la justicia penal patriarcal. Pero además de patriarcal, o precisamente por eso, la justicia también es clasista, racista, desigual para unos y otras… Y cuanto más se refuerce la actual justicia penal más racista, desigual, clasista y patriarcal será nuestra sociedad y más perjudicadas quedaremos todas.

La cuestión es que en todo esto como sociedad nos encontramos en una difícil tesitura. Por un lado, en primer lugar, las mujeres tenemos que lidiar con ser permanentemente cuestionadas, puestas en duda, responsabilizadas o criticadas. En este sentido el trato dado por la mayoría de los medios de comunicación del Estado Español en torno a la cuestión del consentimiento para mantener relaciones sexuales en el caso de “La Manada” ha sido un ejemplo paradigmático y vergonzante. En segundo lugar, nos toca crear y mantener lazos de sororidad entre nosotras en torno a la cuestión sexual, relacional, de violencia contra nosotras…Un ejemplo maravilloso de esto ha sido el lema “Yo sí te creo”. Pero además, en un extremo totalmente opuesto, resulta que también tenemos que estar atentas a que no se nos utilice como “arma” para endurecer las políticas criminales afirmando que el sistema penal supuestamente busca proteger los intereses de las mujeres, que es precisamente lo que queremos señalar con este artículo.

El reto es construir un modelo no con decisiones que fortalezcan las opciones represoras contra los agresores y que dejan sin contenido, prioridad y presupuesto aquellas inmediatas que más necesitan las víctimas, y en general, en este contexto, más necesitamos las mujeres. Básicamente y para ser más claras, estamos hablando de que esas instituciones construidas a imagen y semejanza del patriarcado nos dejen de tomar el pelo y en lugar de invertir miles de millones de euros en mantener un sistema de justicia fracasado, todas las cárceles del Estado y seguir manteniendo encerradas a más de 60 mil personas sin ningún tipo de resultado de reinserción, se invierta en programas que prevengan de verdad la violencia contra las mujeres, que aborden la cuestión de la pobreza y la desigualdad social y como respuesta se comiencen a implementar modelos reparadores en lugar de punitivos.

Desde los feminismos, desde donde se están construyendo nociones alternativas para sostener la vida en muy distintas esferas, y muy concretamente desde los feminismos antipunitivistas, entendemos que existe la responsabilidad histórica de criticar de manera frontal y desde la raíz el sistema penal imperante porque hay un peligro intrínseco de recurrir al Derecho penal por parte de quienes queremos cambiar la sociedad.

Esta mañana Salhaketa Nafarroa ha presentado en una mesa de trabajo en el Parlamento de Navarra el informe que hemos elaborado y que presentamos públicamente el pasado día 29 de mayo “La asunción de competencias en materia penitenciaria por la Comunidad Foral de Navarra. La necesidad de un impulso”.

Salhaketa Nafarroa ha solicitado al Parlamento que inste al Gobierno de Navarra y al Gobierno estatal para que se proceda a la asunción de competencias en materia penitenciaria. Igualmente ha solicitado que en tanto en cuanto no se asuman dichas competencias se inste a ambos gobiernos para que ejerzan las competencias históricas que Navarra tiene respecto de la cárcel de Pamplona así como que se asuman las competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales.

En una segunda mesa de trabajo se ha hablado de la situación actual de la Cárcel de Pamplona donde junto a Libertad Francés de SALHAKETA han participado Juan Jose Castiella de ACOAD, Andoni Aguirre de ANTOX y Julia Munarriz de SARE.

Pincha aquí para ver las mesas de trabajo.