El semanal Digital.com Ana I. Martín
Una delegación de este organismo europeo se encuentra en España para comprobar si en las cárceles y comisarías de Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía se cometen abusos con los presos.El Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra están siendo sometidos estos días a un exhaustivo examen del Comité para la Prevención de la Tortura, formado por expertos independientes de los 47 países firmantes de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes.
Una delegación de este organismo está de visita en España desde el pasado 30 de mayo y hasta 13 de junio, aunque de forma muy discreta, sin luz ni taquígrafos. De hecho, en la circular interna que la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil envió para avisar de la visita -y a la que ha tenido acceso El Semanal Digital-, se especifica que durante su estancia en España queda prohibido «dar información a los medios de comunicación, ni sobre los lugares visitados ni sobre las personas con las que se ha entrevistado». En resumen, no está permitido «ningún tipo de publicidad» y se exige «total discreción».
España, como firmante de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, está obligada a someterse a este examen cada más o menos cuatro años. Así, desde el pasado 30 de mayo dos grupos de expertos recorren las cárceles, comisarías y comandancias de Madrid, Cataluña, Andalucía y el País Vasco -aunque no se descarta que sobre la marcha amplíen su ruta a otras comunidades- para comprobar in situ en qué condiciones se encuentran los presos. Van a cualquiera sin previo aviso y además tienen total vía libre: pueden solicitar cualquier documento, entrevistarse con los presos que quieran, acceder a cualquier rincón y en cualquier momento…
Además, están manteniendo reuniones al más alto nivel con los responsables de los ministerios de Interior y de Justicia, especialmente con los de la Policía, Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias y de los centros de internamiento para extranjeros. Y su intención es entrevistarse con los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño el próximo lunes, último día de su estancia en España.
El País Vasco y Cataluña son dos puntos especialmente calientes. El primero, porque es muy habitual que los detenidos vinculados con ETA denuncien torturas. De hecho, en un informe reciente, el Defensor del Pueblo en el País Vasco -en euskera, Ararteko-, Íñigo Lamarca, alertaba de que sigue recibiendo quejas de este tipo.
De Cataluña, los miembros del Comité para la Prevención de la Tortura guardan un recuerdo nada grato. Puesto que en la anterior visita, efectuada en septiembre de 2007, les pusieron trabas para acceder a los archivos médicos de la prisión de Cuatre Camins, como quedó reflejado en un informe posterior que no ha sido revelado a la prensa hasta hace unas semanas. Porque el Comité tiene por costumbre no airear sus conclusiones.
La delegación de visita en España está compuesta por dos grupos. El primero tiene su base de operaciones en Madrid y está encabezado por el presidente del Observatorio Italiano de Prisiones, Mauro Palma. También forma parte de él el ex ministro chipriota de Justicia Petros Mchaelides. El segundo, que se ha hospedado en un hotel de Barcelona, lo lidera el portugués Celso das Neves Manata. Hace cuatro años fue miembro de la delegación Silvia Casale, que junto con Brian Currin medió entre ETA y el Gobierno tras el alto el fuego como parte del llamado Grupo Internacional de Contacto.
Los miembros del Comité pondrán especial atención en comprobar si España ha cumplido las recomendaciones efectuadas hace cuatro años. Entre ellas, no aplicar el régimen de detención incomunicada a los menores; evitar prácticas como «vendar los ojos» y «encapuchar al detenido» durante los interrogatorios; y establecer un Código Ético para los funcionarios de prisiones.
