Artículo de opinión de SOS Racismo Nafarroa y Salhaketa Nafarroa
(Más abajo en euskera)
En las últimas semanas, a las habituales noticias de sucesos en las que se resalta el origen nacional y/o étnico de la persona investigada o detenida se ha unido la publicación de una nota emitida por la Policía Nacional en la que se justificaba la expulsión de cuatro personas extranjeras «Con la finalidad de aumentar la seguridad ciudadana y evitar que estos ciudadanos extranjeros siguieran cometiendo delitos en territorio nacional (…)”. Con la clara intención de normalizar y justificar la expulsión en beneficio de la seguridad la nota seguía: “se realizó un dispositivo específico, para localizarlos y detenerlos y proceder a su expulsión(..)”.
No nos sorprende, conocemos bien estas prácticas, pero hacer noticiable una práctica brutal desde una perspectiva de protección del bien común nos indigna. Todas estas noticias, que proliferan cada vez más, están creando un caldo de cultivo en el que prejuicios, discriminaciones estructurales y punitivismo encajan de manera perfecta.
Efectivamente, la expulsión de una persona extranjera es una herramienta legal recogida en la Ley de Extranjería. Las situaciones en las que la Ley permite expulsar a una persona extranjera son diversas: por encontrarse en “situación irregular”, por trabajar “sin tener papeles”, por ocultar o falsear información sobre datos personales, por participar en actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y sí, también, por haber cometido un delito que esté castigado con una pena superior a un año. También el Código Penal permite la expulsión de personas extranjeras por la comisión de delitos con independencia de que estén, o no, en situación administrativa regular. Obviamente, para llevar a cabo estas expulsiones se prevén procedimientos y garantías que, según dice la noticia, en esta ocasión se han respetado escrupulosamente.
Sin embargo, la legalidad de esta práctica no la hace ni legítima, ni ética, ni respetuosa con la dignidad humana. En una perversa vuelta de tuerca, el Estado espera que la sociedad legitime esta práctica utilizando como estandarte la expulsión de ciudadanos indeseables, que es mejor que no estén, los delincuentes, los malos, los otros. Ahí, en el castigo, en el delito, donde por lo general todas las sensibilidades políticas y sociales se unen y se tocan, ahí, el estado se hace fuerte para legitimar sus prácticas. Sigue leyendo →
