El Centro Penitenciario ha remitido un email a todas las entidades que realizan actividades en la cárcel de Pamplona solicitando, por indicación de la SGIP, el certificado de vacunación Covid para poder acceder a la cárcel.
18/08/2021.- El pasado día 3 de agosto, desde el Centro Penitenciario de Pamplona se remitió un email a las diferentes entidades que realizan actividades en la cárcel comunicando que “desde la SGIP solicitan que las personas que acceden al CP, externas a éste, a realizar programas, actividades, etc, deben acreditar estar vacunadas del COVID para que se les autorice la entrada”.
Desde Salhaketa Nafarroa denunciamos que, con independencia de que los y las profesionales ajenos a la institución penitenciaria hayan optado por vacunarse o no, la solicitud del certificado de vacunación es absolutamente contraria a derecho. Por ello, desde el pasado miércoles 11 de agosto las profesionales de Salhaketa Nafarroa que acceden todos los miércoles al Centro Penitenciario para entrevistarse con personas que quieren acceder al piso de acogida que gestiona la entidad, han visto impedida su entrada.
Desde el inicio de la crisis sanitaria de la Covid-19 en el mes de febrero de 2020 el acceso a los Centros Penitenciarios del Estado tanto de profesionales ajenos a la institución como de familiares y personas allegadas se ha visto fuertemente afectados. En Pamplona durante todo este tiempo y de forma intermitente se han visto suspendidos los permisos de salida, las comunicaciones con familiares y personas allegadas (los vis a vis llevan suspendidos un año) y las entradas de profesionales ajenos a la institución.
Una de las últimas novedades en relación con la gestión de la Covid-19 sobre la que desde Salhaketa Nafarroa hemos venido verbalizando nuestra preocupación es la relativa a la vacunación. Dos han sido nuestros focos de preocupación: de un lado la falta de información a las personas presas sobre la vacunación, sus efectos secundarios y la voluntariedad de la misma. Por otro lado, la falta de información sobre las consecuencias que la vacunación o no vacunación tendría en su estancia en prisión (salida de permisos, eliminación de cuarentenas, recuperación de vis a vis, acceso a actividades y puestos de trabajo…).
Desde Salhaketa Nafarroa evidenciamos que nuestras preocupaciones eran reales dado que hemos podido constatar la falta de información facilitada a las personas presas en la cárcel de Pamplona en relación a nuestros dos focos de preocupación y además, ahora, se limita el acceso a profesionales ajenas a la institución por no acreditar su vacunación
Por todo ello, Salhaketa Nafarroa ha presentado una Queja al Defensor del Pueblo Estatal en la que solicita que dicho organismo se dirija a la SGIP y al centro Penitenciario de Pamplona indicando la falta de legalidad de las instrucciones remitidas a los Centros Penitenciarios exigiendo el certificado de vacunación de Covid-19 a los y las profesionales ajenas a la institución para acceder a los diferentes Centros Penitenciarios. Así mismo, solicitamos se revoquen las indicaciones dadas y se permita la entrada a todos los y las profesionales ajenas a la Institución sin la exhibición de documento que acredite la vacunación de Covid-19.
Hay que recalcar el hecho fundamental de que la vacunación contra el Covid-19 no es obligatoria por lo que exigir el certificado de vacunación u obligar a la vacunación sería total y absolutamente inconstitucional. Los derechos que vulnera la decisión de la SGIP son, brevemente:
– Derecho fundamental a la intimidad personal: este derecho fundamental incluye el derecho de toda persona a no revelar ningún dato que afecte a la esfera de su intimidad personal donde se enmarca, sin ningún género de dudas, la información de la vacunación del Covid-19.
– Legislación laboral y de protección de datos: En el presente caso nos encontramos además que el requerimiento del certificado de vacunación se realiza en un contexto laboral. No podemos obviar que en una relación laboral los datos médicos que se pueden solicitar a un trabajador o trabajadora son muy limitados y siempre deberá existir una causa justificada para la solicitud de los mismos. Además, los y las trabajadoras tienen, entre otros, derecho a la confidencialidad de los datos (art.5.1.f. RGPD), derecho de oposición (art.21 RGPD) y prohibición de utilización de los datos relativos a la salud del trabajador con fines discriminatorios (art.22.4 LPRL).
Si el Centro Penitenciario deniega la entrada a las trabajadoras ajenas por no exhibir un dato relativo a su salud y éstas no pueden realizar esa función para la que han sido contratadas. ¿Que debe pasar? ¿Despedir a las trabajadoras que no se vacunen o que no acepten exhibir el certificado de vacunación? ¿Obligarlas a vacunarse o a exhibir el certificado? Las respuestas a todas esas preguntas es, obviamente, no. Lo que procede es respetar los derechos de las trabajadoras.
Para finalizar, queremos evidenciar que obligar a las trabajadoras ajenas a la institución penitenciaria a presentar el certificado de vacunación afecta directamente a los derechos de las personas presas. El no acreditar la vacuna conlleva que las trabajadoras que realizan actividades directamente o indirectamente relacionadas con el tratamiento penitenciario no acceden al Centro Penitenciario. De ésta forma se impide el ejercicio de su actividad profesional y la realización de programas y actividades orientados a la reinserción, lo que supone una vez más un perjuicio a la atención de las personas presas y la vulneración de sus derechos.
Para leer la Queja presentada al Defensor del Pueblo pincha aquí.
