Entidades sociales siguen exigiendo al Ministro del Interior e Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas

  • Urge la excarcelación, entre otras, de personas mayores de 70 años, enfermas graves o con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas
  • Se solicita, además, la adopción de medidas encaminadas a retomar la actividad dentro de las prisiones

23 de abril de 2020. Esta mañana, aprovechando la comparecencia del Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, numerosas entidades sociales han hecho llegar a los Diputados y Diputadas un escrito con las medias que urge adoptar por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para hacer frente al Covid- 19 en las cárceles y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas presas.

Esta petición, en parte, viene a reiterar la que ya realizaran el pasado día 23 de marzo a los distintos grupos políticos que componen la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, a través de la cual ponían en su conocimiento la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad durante la pandemia provocada por el Covid-19 y solicitaban la adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas.

Según indican las entidades, y a pesar de que entre personas presas y personal funcionario ya se contabilizan un millar en observación médica o cuarentena y 238 positivos en Covid-19, “ni el Ministerio del Interior ni la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han prestado atención a la situación de las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y allegadas” ni se han adoptado medidas acordes con los principios establecidos por los Organismos Internacionales. Todo ello a pesar de que incluso el Defensor del Pueblo Español haya declarado que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para abordar el problema del Covid-19 en el medio penitenciario son “plenamente” compartidas por esa institución.

En cuanto a las medidas adoptadas hasta ahora por la Secretaría General se denuncia por parte de las entidades que “no se ha facilitado el acceso a los test a toda la población presa ni a todo el funcionariado de prisiones, no se ha diseñado ni aplicado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, no se ha reforzado la plantilla de personal sanitario ni se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de las personas recluidas.” El protocolo aprobado en el día de ayer con MUFACE de hacer pruebas, muy tardío, solo servirá para el personal funcionario, no para las personas presas. Tampoco la adquisición de 200 terminales de móviles para 50.500 personas presas en el estado, sin contar Cataluña, sirven para el fin perseguido. El mismo número fue adquirido en Cataluña para las 8.500 personas privadas de libertad en sus cárceles.

Por último, y tras más de un mes de aislamiento, las entidades sociales evidencian la necesidad de revocar la situación creada en las cárceles desde el 12 de marzo y exigen que “se retomen, al menos y cuanto antes, las comunicaciones por cristales con las familias y personas allegadas adoptando las medidas sanitarias oportunas y autorizando los desplazamiento de las familias y personas allegadas a las cárceles”. Igualmente exigen se “retome la actividad dentro de las cárceles y con mayor necesidad aquellas dirigidas al tratamiento de adicciones, de la salud mental, el contacto para derivaciones a comunidades terapéuticas o pisos de acogida… por ser éstas actividades las que dotan de fundamento a la pena privativa de libertad según lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución.”

Así mismo se recuerda que el Estado Español se encuentra entre los países con una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental y con una de las medias de privación de libertad más elevadas de todo el continente europeo y donde el número de profesionales de la sanidad es muy inferior al necesario para dar una correcta atención médica dentro de las cárceles tal y como han reconocido tanto la propia Secretaría General como el Ministerio del Interior.

📌Para ver el escrito completo remitido a los Diputados y Diputadas de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados pincha aquí.

Organizaciones firmantes:

  1. Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
  2. Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
  3. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía,
  4. Centre Irídia
  5. Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
  6. Comisión Legal Sol,
  7. Etxerat,
  8. Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza,
  9. Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
  10. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
  11. Oteando,
  12. Red Jurídica,
  13. Salhaketa Araba,
  14. Salhaketa Bizkaia,
  15. Salhaketa Nafarroa,
  16. Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.

 

Acerca de Salhaketa Nafarroa

SALHAKETA Nafarroa es una asociación anti carcelaria y anti punitivista. Se constituyó en 1988 y desde entonces ha trabajado por la defensa de los derechos de las personas presas y sus familiares. Con este objetivo se han buscando medidas alternativas a prisión, se trata de fomentar la concienciación social de lo que supone la realidad penitenciaria en Navarra y se han creado y fomentado tanto procesos como programas de inclusión social para personas presas navarras, con arraigo en Navarra o que se encuentran cumpliendo condena en la cárcel de Pamplona.
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