ASOCIACIÓN VECINAL SANJORGE-SANDUZELAI AUZO ELKARTEA
Aparentemente poco, pero conforme se van analizando sus características, las circunstancias de su construcción, los personajes que en ambos casos han intervenido y, sobre todo, la situación final a que se ha llegado en ambas edificaciones, nos sorprenderán bastantes coincidencias. También veremos algunas diferencias sustanciales.
Datos más importantes:
La Torre, rascacielos más bien, situada en el barrio de La Rosaleda de Ponferrada, tiene 100 metros de altura, 30 plantas con 106 viviendas de lujo, planta baja y tres pisos para locales comerciales y oficinas, dos sótanos para 250 plazas de aparcamiento. Se construyó entre los años 2004 y 2009. Costó cerca de 30 millones de €.
La nueva Cárcel de Pamplona, macrocárcel deberíamos llamarla, situada en la colina de Santa Lucía o Soltxate, ocupa una superficie de 350.000 m2 y dispone de 504 celdas con 2 literas cada una, 124 celdas especiales (enfermería, aislamiento,…) y un edificio de Inserción Social con 100 plazas. Se construyó entre los años 2009 y 2012. Costó más de 115 millones de €.
Grandiosidad, lujo, alto standing y … prácticamente vacías.
En la Torre, dotada de los últimos adelantos en calefacción y aire acondicionado, ascensores ultra rápidos, sistemas de video vigilancia, acristalamientos “inteligentes”, mármoles en cocinas y baños, etc., sólo se ocupan ahora 36 viviendas, y se han vendido 3 locales comerciales y 3 oficinas, de momento no utilizadas. Alcanza una ocupación del 14,5% de la superficie total. El despilfarro es evidente.
La nueva cárcel, dotada también, al menos inicialmente, de todos los adelantos climáticos (calefacción, aireación, iluminación, etc.), aulas-talleres educacionales, polideportivo con piscina climatizada y gimnasio, televisores de plasma, etc., sólo se utilizan, y de forma incompleta, 4 módulos, unas 144 celdas, para un número de reclusos muy similar al de la antigua cárcel. Retiradas las televisiones y sin agua la piscina, sólo aguanta la video vigilancia. Tras los últimos traslados fuera de Navarra la ocupación es del 28%. En este caso al despilfarro se unen la imprevisión penitenciaria y los recortes, que siempre se cargan sobre las espaldas de los más débiles.
Promoción, construcción y gestión.
La Torre fue promovida por una empresa hoy quebrada y desaparecida, tras dejar una deuda de 240.000 € con los pocos vecinos y comerciantes que en ella residen. Su constructor, José Luis Ulibarri, está implicado en la trama Gürtel, tanto por el lado madrileño de la misma (a causa de “favores” con terrenos) como por el lado valenciano (a causa de emisoras de TDT “fallidas”). La financiación corrió a cargo de Bancaja, hoy “absorbida” en Bankia, quien no quiere hacerse cargo de la deuda de la promotora con los usuarios de la Torre. El periodista Luis del Olmo puso en 2004 la primera piedra del rascacielos.
La Cárcel fue promovida, construida y gestionada inicialmente por el PSOE y finalmente por el PP, ambos desde el Gobierno de España. Tal como denuncia la organización Salhaketa, también ambos “han desaparecido” a la hora de mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, de cumplir sus obligaciones de trato humanitario con ella y sus familias, de poner los medios para su reinserción en el entorno cercano, de evitar su traslado a cárceles lejanas. Ni siquiera se mantiene el “módulo de jóvenes” de la antigua prisión de Iruña y, para reducir gastos, se llega al cinismo de restringir de forma escandalosa el tratamiento de los presos enfermos de hepatitis.
Pero hay más, ni PSOE ni PP, como responsables del Gobierno, han saldado todavía su deuda económica y ética con el vecindario de Sanduzelai-Sanjorge y Buztintxuri que sufrió daños, en algunos casos graves, a causa de las voladuras empleadas para la construcción de la nueva cárcel. Siguen en pie 114 denuncias, presentadas reiteradamente ante sus representantes respectivas en Navarra.
Las “primeras piedras” para esta nueva cárcel las pusieron, también en el año 2004, Javier Caballero, Vicepresidente del Gobierno de Navarra y Vicente Ripa, Delegado del Gobierno de Rodríguez Zapatero. No son tan conocidos como Luis del Olmo pero también contaron con el apoyo entusiasta de algún periodista.
Participación ciudadana, tribunales y sentencias..
Sí, también en Ponferrada existen Asociaciones Vecinales. Precisamente fue por un recurso, acompañado de otras iniciativas, de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró en 2005 ilegal toda la actuación urbanística de La Rosaleda —barrio donde se ubica la Torre— porque, con la complicidad del Ayuntamiento de Ponferrada, se hurtaron a la ciudadanía más de 100.000 m2 de equipamientos para otorgar a las manzanas y bloques a construir el mayor nivel de edificabilidad posible, lo que suponía de hecho favorecer, “en contra de la ley”, a los adjudicatarios de las parcelas, ¡qué casualidad!, a la empresa del “gürteliano” José Luis Ulibarri.
En nuestro caso la nueva cárcel también ha sido declarada ilegal, pero por el Tribunal Supremo, quien se encarga de los asuntos que decide el Consejo de Ministros y son recurridos. El Gobierno quiso impedir nuestra comparecencia ante el Supremo para denunciar el hurto a la ciudadanía de Pamplona y Comarca de más de 1.000.000 de m2 de reserva paisajística y suelo natural forestal, pero su pretensión fue rechazada. Además el Supremo declaró la construcción de la nueva cárcel “contraria a la ley”, por no haberse realizado conforme a lo exigido por la de Medio Ambiente en lo relativo a los estudios de Impacto y de posibles ubicaciones.
También aquí hubo importantes complicidades con la irracionalidad y la destrucción ambiental, como la del propio Gobierno de Navarra o la del Parlamento, incapaces de defender sus propias leyes. Todavía hoy, tras cinco meses de conocerse la sentencia no han tenido la más mínima reacción de reconocimiento de su error, petición de disculpas y voluntad de reparación.
Seguramente podríamos encontrar también similitud en otros ejemplos en los que por intereses económicos privados, desidia de la administración, corrupción y desprecio a los derechos humanos de los más débiles, como es el caso de la población reclusa, se cometen atropellos como los aquí señalados. Esperamos seguir participando con y desde la ciudadanía para evitarlos.
