El centro actual.
Entendemos fundamental empezar por analizar la cárcel actual y sus mayores carencias, como punto de partida para un estudio más profundo de las necesidades de futuro en la reinserción penitenciaria de Navarra.
La cárcel actual es una prisión provincial, como tal carece de primeros grados y su población se distribuye entre segundo y tercer grado y preventivos. Tiene una estructura de panóptico, con un control central y tres galerías, ello hace que carezca del sistema modular que es el imperante hoy en día. La estructura física del edificio es deficiente: patios pequeños, mínimas estructuras de salas comunes, deficientes estructuras de acceso para profesionales del exterior, limitada estructura para talleres reproductivos u ocupacionales, etc…. Sin duda un edificio construido a principio del siglo XX y pensado para un sistema penitenciario de esa época no puede hacer frente a las necesidades actuales.
Es decir nadie duda que la construcción de un nuevo centro, aunque sea por razones estructurales del edifico es necesaria desde el punto de vista de medio para la reinserción penitenciaria, objetivo último de nuestra asociación y principio básico “iluminador” de este informe.
Pese a lo señalado también conviene recordar que cuando hablamos de cárcel no solo hablamos de muro, piedra y cemento. Hablamos especialmente de personas. La Constitución y la LOGP defienden nuestro sistema como un sistema que debe ir dirigido a la reeducación y reinserción del preso. Es importante entender que el nuevo centro, como el actual, deben ser instrumentos de ese proceso, con sus necesidades de seguridad y con su función punitiva, evidentemente, pero también como primer lugar del tratamiento para la reinserción.
El número de presos.
En este sentido recordemos que el número de presos que residen hoy en nuestra cárcel suele rondar una media de 150, mientras que según se nos ha indicado el futuro centro tendrá una capacidad como mínimo para 600 presos.
Se ha dicho que esa cantidad se corresponde con las necesidades penitenciarias de Navarra. Sin embargo tenemos que decir que nuestras cifras no se corresponde con esa cantidad.
Por un lado decir que en estos momentos, y siempre ha sido así, ya que nunca desde ningún ente publico o asociación se ha dicho lo contrario, ni se ha expresado otra necesidad, la casi totalidad de los presos navarros se encuentran en nuestra prisión. Los dos únicos grupos que no están aquí son los presos en primer grado ( no pueden estarlo ya que como hemos dicho es una cárcel provincial y por ello carente de módulos de primer grado ) y los colectivos que se encuentran en otras prisiones ( bien por que no residen en Navarra y por tanto deben cumplir donde tengan su entorno social, no donde hayan nacido, o bien por proximidad geográfica han decidido cumplir allí, en especial en la cárcel de Logroño) . En todo caso no llegan en conjunto ni a la mitad de la cifra pensada para el nuevo centro.
Entendemos que se han sumado distintos conceptos para alcanzar los 600 presos. Se han sumado en primer lugar los dos colectivos señalados en el párrafo anterior sin que hasta la fecha se haya indicado que el nuevo centro tendrá primeros grados , ni sin que exista razón alguna para traer a cumplir a Pamplona a aquellos presos que por residencia o proximidad a su residencia quieren cumplir en otras prisiones .También se han sumado aquellas personas que son condenadas pero que no entran en prisión bien por que no llegan a la pena mínima de cumplimiento y la condena queda suspendida, bien por que se les aplica una medida de seguridad ( como puede ser cumplimiento en un centro de tratamiento de toxicomanías ) o una pena sustitutiva de la prisión ( multa o trabajo en beneficio de la comunidad ). Con todo, en estas condiciones, apenas se llegaría a las 400 personas. Se ha justificado una suma mayor alegando que en el futuro la progresión de delitos hace que la cárcel deba tener esa capacidad de 600 presos.
Sin embargo es curioso que en vez de trabajar para prevenir el delito y evitar la delincuencia se asuma que la progresión tendrá necesariamente que crecer. También es curioso que esto se plantee ante la única comunidad autónoma que el año pasado vio disminuir el número de delitos, ante la comunidad autónoma con menor número de presos, ante una de las comunidades con mejor y mayor número de profesionales dedicados a la inserción social, donde el 40% de las personas que son condenadas cumplen en ámbito externo a la cárcel.
Esto que acabamos de señalar es importante ya que, sin ser perfecto, tenemos, gracias a nuestra propia idiosincrasia y al esfuerzo social realizado desde hace décadas, un índice de reincidencia muy bajo y una capacidad de asunción en las redes de inserción muy alta. Así que parece que en vez de premiarnos e importar nuestro modelo, se nos castiga con un número muy superior de presos respecto de los que estamos capacitados para asumir.
Es evidente que existe un problema de hacinamiento en España y que tendremos que asumir nuestra cuota de solidaridad con el resto del país, sin embargo quintuplicar nuestra población reclusa es superar en mucho esa necesaria cuota de solidaridad.
Es de recordar que la cantidad de 600 presos es la capacidad oficial del centro, no su capacidad máxima. La experiencia nos dice que en estos casos, con la simple colocación de literas se puede llegar a duplicar la capacidad, en cuyo caso estaríamos hablando de 1200, cifra absolutamente exorbitante. Aunque se haya firmado un acuerdo con IIPP para que esa sea la capacidad oficial, nada impide al gobierno central que en cualquier momento esa cifra llegue a duplicarse ya que eso es competencia exclusiva suya, por lo tanto entendemos básico que las instituciones navarras fiscalicen, de la forma que se entienda oportuna, la capacidad real de dicho centro después de su inauguración ( recordemos la importante subvención anual que se entrega a la cárcel de Pamplona y el pago de los terrenos que corresponderá al Gobierno de Navarra ).
Situación con 600 pesos.
Es muy sencillo entender que si en estos momentos, con un 40% de capacidad de asunción de condenados directamente en proyectos de inserción externos y con un número alto de plazas, trabajadores y fondos públicos destinados a la inserción penitenciaria, tenemos graves problemas de listas de espera y dificultades a la hora de mantener proyectos abiertos, estos se verán quintuplicados si se quintuplica la población a la que van dirigidos.
Con cinco veces más presos las redes de inserción públicas y privadas se verán desbordadas, produciéndose un colapso en la red asistencial ( si ahora asumimos un 40 % de la población penitenciaria en el exterior con 600 presos solo podríamos asumir un 7% ). Ello sin contar con que los procesos que se deben de comenzar dentro de prisión ( talleres, cursos, educación para la salud…), hoy en día inexistentes o muy limitados, deberían de de adecuarse también para una población de ese número.
En caso contrario tendríamos una alta población reclusa sin tratamiento, sin casi posibilidades de someterse a un procedimiento de reinserción en condiciones, lo cual a su vez llevaría a un cárcel muy problemática ( problemas de disciplina interna ) y a ciertos problemas de seguridad ciudadana ( se saldría igual o peor que se entró y en Pamplona ), todo lo contrario de la situación actual.
La responsabilidad de las instituciones de Navarra es evidente. Por un lado al dedicar mas de 100 millones de las antiguas pesetas a infraestructuras y funcionamiento, así como a personal ( por ejemplo cocinas ) y proyectos de inserción ( intercambio de jeringuillas, SOJP, GAD….. ) , dinero que es fundamental a la hora de trabajar dentro de la prisión. Por otro al mantener al conjunto asociativo de Navarra que trabaja con presos en el ámbito externo ( centros toxicomanías, pisos de acogida…), a sus familiares ( rentas básicas…) , todo ello además de la red de bienestar social de carácter público ( asistencia social de base….. ). No puede ser de otra manera ya que el proceso de reinserción, si bien empieza dentro de la prisión y ello podría entenderse como una competencia exclusiva del estado, debe necesariamente terminar en el exterior ( terceros grados, libertades condicionales, cumplimiento en centros…) y en ese caso la competencia es exclusiva de Navarra, independientemente del origen de los presos. Así ha venido sucediendo en comunidades con macrocárceles ( Nanclares- Vitoria, Topas- Salamanca, etc….) y en nuestra comunidad donde, evidentemente, se ha asumido el trabajo con presos de la cárcel de Pamplona independientemente de su lugar de origen. Es decir legalmente tenemos que asumir el problema de reinserción, aunque legalmente no tengamos competencias en materia penitenciaria.
Es decir tenemos que prepararnos desde ahora para modificar nuestras redes de inserción y adaptarlas a la nueva cantidad de usuarios que vamos a asumir. En especial, tendremos que prepararnos para una modificación de nuestro perfil de usuario. Hasta estos momentos los usuarios de los servicios sociales relacionados con prisión eran delincuentes habituales y con un largo historial de tratamiento, generalmente toxicómanos, normalmente perfectamente conocedor de su entorno familiar, educativo y social. Por el contrario, muchos de los futuros presos, al provenir de otros lugares, serán “desconocidos” en nuestra red asistencial, no tendremos contacto con sus familias, desconoceremos sus situaciones personales y sociales…. Ello supondrá un problema añadido al, ya de por si complicado proceso de la inserción penitenciaria.
El lugar.
La nueva cárcel, según se nos ha manifestado, estará ubicada en el entorno de Pamplona. Entendemos este esfuerzo por parte de los responsables del proyecto, cuando menos aplaudible. La cárcel den la cuenca de Pamplona es necesaria ya que de aquí procede en 80% de los presos navarros y es donde, lógicamente, residen sus familiares. Es el lugar de Navarra con mayor y mejor estructura pública y asociativa dedicada a la inserción. Es el mejor y mayor núcleo hospitalario. El lugar de Navarra mejor comunicado con otras comunidades. Es el lugar en el que tradicionalmente se ha ubicado el centro penitenciario de Navarra.
Necesidades de cambio.
• Salud mental.
Es evidente la carencia en tratamiento de las enfermedades mentales que existe dentro de las prisiones, la cárcel de Pamplona no es una excepción. Carece de un psiquiatra que realice visitas a prisión, diagnostique, medique y lleve a cabo terapias. Ello produce graves alteraciones regimentales con estos enfermos, su entorno y los trabajadores de inserción que realizan funciones en el interior.
El acceso a salud mental en el exterior es cuando menos dificultoso: traslados mínimos y normalmente sedados, imposibilidad de realizar ningún trabajo sanitario salvo la simple medicación que luego no es controlada, carencia de plazas y las existentes incompatibles con una situación de condena, negativa a tratar a los duales ( enfermedad mental + toxicomanía ).
Es necesario dotar de plazas en los recursos de psiquiatría públicos y externos para asumir el nuevo número de presos, igualmente sería preciso dotar de un psiquiatra, como mínimo, al centro penitenciario que realizara tratamiento a dentro de prisión y es necesario crear recursos para tratamiento de duales ya que nuestra comunidad carece de ellos.
• Inserción laboral.
Este tema está muy relacionado con el educativo que veremos a continuación. La inserción laboral se ha demostrado como el 80% de lo necesario para una correcta inserción social. No existen proyectos destinados ha la inserción laboral de la población reclusa y los existentes presentan muchas dificultades practicas ( Traperos de Emaus o El Trabajo Municipal están concebidos para personas en esta situación pero no existe coordinación ni con el JVP, ni con la cárcel, lo que hace que no se puedan reservar plazas ). Por otra parte las ayudas a empresarios que quieran contratar a expresos no existen, no se considera a estas personas en situación de exclusión y por ello no entran dentro de los contratos subvencionados ( por la vía de hecho y con el esfuerzo de los asistentes sociales de base en algún caso se consigue).
La renta básica tampoco recoge la situación de expreso como de exclusión y por tanto susceptible de recibir ayudas, necesarias incluso durante la condena ya que muchas veces supone la perdida de ingresos para la unidad familiar. Además existe una demora importante a la hora de recibir los subsidios del INEM por excarcelación , con un tiempo medio de dos meses para su tramitación, quedando en ese periodo en grave situación económica.
Los talleres retribuidos en prisión son escasos y muy mal pagados ( apenas 20 euros al día ), sin generar derechos sociales, careciendo de ellos el módulo de mujeres y no llegando el de hombre ni a un 5% de los reclusos.
Es fundamental que en la nueva cárcel exista un proyecto de inserción laboral dentro y fuera de prisión, fomentando la implantación de empresas en el interior con condiciones laborales dignas, fomentando la contratación exterior y creando recursos externos que permitan un inicio normalizado una vez terminada la condena del proceso de inserción social.
• Educación – formación.
Los proyectos educativos aparte de los obligatorios por ley ( profesor enseñanza básica y acceso a universidad a distancia ) carecen de continuidad ya que existen según haya subvención ( generalmente municipal ) y, sobre todo, carecen de validez en el exterior al no estar convalidados con títulos oficiales, constando además en el diploma final la procedencia del centro penitenciario lo que hace que, o se tengan en cuenta negativamente a la hora de conseguir trabajo, o el preso no los utilice. Esto hace que sean tomados con demasiada desidia por el preso quien solo acude, no para aprender, sino para conseguir un buen expediente, para lo cual solo precisa la mera asistencia.
Como hemos señalado la educación y la formación profesional están íntimamente relacionadas con la inserción laboral. Si la formación fuera de un nivel similar al exterior, los internos podrían presentar una titulación válida que favoreciera su proceso de normalización laboral, e incluso continuar los estudios en el exterior si ha terminado su condena pero no ha finalizado el curso.
Ello supone un cambio total en la situación actual y entrar a depender o a coordinarse con la consejería de educación.
• Asistencia letrada.
En estos momentos no se reconoce el derecho a abogado de oficio desde el inicio de las quejas ante el JVP, entendiendo por nuestra parte que este es un derecho de todos los ciudadanos y más aún de una población tan carente de recursos como la que estamos tratando. Si bien así ha sido en años anteriores y así se aplica en otras comunidades.
La inmensa mayoría de los procesos de inserción deben pasar por el JVP ( terceros grados, libertades condicionales, traslados, puestos retribuidos, visitas de familiares, cumplimiento en centros,… ). Para ello existe el SOJP del colegio de abogados que para una población de 600 presos vería quintuplicada su labor, por ello es necesario dotar suficientemente a estos profesionales o modificar el criterio de la justicia gratuita.
En este sentido señalar que convendría asignar un número de profesionales ( trabajadores del juzgado, psicologos, medicos forenses, trabajadores sociales,…) suficientes al JVP ya que el volumen de casos y las necesidades de peritación aumentaran considerablemente.
Es fundamental para la inserción que el centro tenga los menores problemas posibles de conflictividad. En un centro como el actual son situaciones puntuales, pero en un centro de 600 la experiencia nos dice que son situaciones habituales. Para evitarlo existe un programa de mediación entre internos que se está llevando a cabo de manera voluntaria. Es preciso dotarlo suficientemente y promoverlo para asumir la carga de una población tan superior.
• Creación de proyectos en el ámbito interno.
Son muchos los proyectos nuevos que entendemos necesario crear, pero nos vamos a referir a dos de ellos:
Por un lado la creación de módulos “libres de droga” existentes en otras prisiones y que permitirían a los trabajadores de los centros de tratamiento iniciar el trabajo desde dentro para continuarlo fuera y, a su vez, permitiría a los presos con largas condenas someterse a tratamiento aunque quedase mucho para su excarcelación.
Por otro lado y visto el buen funcionamiento del programa para maltratadotes, sería conveniente la creación de un programa para agresores sexuales. Personas que necesitan de un tratamiento especifico y que es la única posibilidad de evitar reincidencias.
También conviene recordar la necesidad de aumentar los talleres ocupacionales que de manera voluntaria se vienen realizando y que por ello carecen de continuidad. Los monitores de tiempo libre y educadores sociales ( titulados ) son fundamentales para el correcto funcionamiento de una institución cuyo gran problema es llenar el tiempo con proyectos positivos para la rehabilitación.
• Alojamiento.
Al llegar una población mayoritariamente no navarra, tendremos un grave problema de alojamiento en los procesos de semilibertad. Hoy en día solamente existe un recurso, el de nuestra asociación, con solo 4 plazas y destinado no a un simple alojamiento sino a llevar un proceso de inserción tras la condena.
Existía un piso para pasar los permisos que desde inicio de este año está cerrado. Si ya era limitado para la población actual, es ridículo pensar en una cárcel de 600 presos sin proyectos de alojamiento temporal. Convertimos a todo expreso directamente en transeúnte.
Recordemos también que al no tener posibilidad de un piso de permisos, se estan denegando muchos de ellos, lo que impide el progreso de grado o el acceso a situaciones de semilibertad y de este modo cortando el trabajo de inserción.
• Situación de la mujer.
En estos momentos el módulo de mujeres de la cárcel de Pamplona, pese a ser prácticamente el único espacio moderno del edificio cuenta con claras deficiencias estructurales: patio muy pequeño y sin área propia deportiva, una única sala de usos múltiples que debe ser empleada para cualquier tipo de actividad, carecen de acceso a el resto de dependencias de la prisión y en especial a los talleres ( por lo que no pueden optar a puestos retribuidos salvo los dos de lavandería, ya que la lavandería sí está en su módulo ), no existe una zona especial para madres.
Carecen de ningún programa de tratamiento externo salvo los que voluntariamente se presentan que suelen se limitados y temporales. Sus necesidades se estructuren siempre subordinadamente a las de los varones.
En el nuevo centro será preciso que se creen estructuras dentro del módulo de mujeres que permitan un tratamiento igual a los varones. Ello supone creación o acceso a talleres; Proximidad y acceso a salas comunes o creación de espacios suficientes para construirlas en su módulo; Creación de programas educativos, ocupacionales y deportivos en igualdad de condiciones que los varones.
La personalidad y el físico de la mujer tienen sus características propias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de programar proyectos de inserción. Consecuencia de esas circunstancias dos cuestiones que deben modelar los espacios para mujeres: acceso y zona médica propia con especial atención a la salud propia de la mujer ( ginecología especialmente ), zona para madres cuando tengan con ellas a sus hijos .
• Extranjeros.
En la situación actual prácticamente solo se les permite la salida en permisos para buscar trabajo, pero deben de presentar un informe del contratador dirigido al centro penitenciario lo que genera evidentes dificultades a la hora de conseguirlo.
En el futuro centro, creemos que habrá un mayor número de extranjeros. IIPP empleara ese sobrante diferencial entre presos navarros reales y plazas para “llenarlo” con el colectivo que tiene más facil movilidad, en este caso el extranjero ( ya que se considera sin arraigo social concreto, aunque residan, estén empadronados
o tengan familia en un lugar concreto ).
Sería importante estructurar un acceso ágil de los servicios de traducción a la prisión tanto para el trato de los internos con el centro, como con los profesionales externos que los entrevisten ( abogados, centros toxicomanías….).
Ya ha habido problemas de carácter religioso-cultural, por ello sería bueno prevenirlos en el futuro. Permitir en condiciones dignas los distintos cultos ( por ejemplo hoy en día no existe ningún espacio destinado en exclusiva a mezquita ), controlar los husos culturales en la alimentación, son cuestiones fundamentales.
• Modificación de los centros externos.
No perderemos mucho tiempo en este apartado por lo obvio del mismo. En la situación actual existe un grave problema de listas de espera, escasos medios económicos y materiales y muy justa cantidad de profesionales.
Si se quintuplica la demanda tenemos que quintuplicar nuestra capacidad y ello solo puede pasar por la financiación pública. Es necesario dotar presupuestariamente a los colectivos que deben llevar ese peso.
Evidentemente, los proyectos similares que se realizan en prisión ( GAD, Intercambio de jeringuillas, …..) deben igualmente tener un aumento en sus previsiones.
Lo contrario sería empezara a asumir que al mes siguiente de la inauguración del nuevo centro nos encontraremos con la red de inserción penitenciaria totalmente colapsada.
No podemos dejar de señalar que con la llegada de un nuevo centro podríamos evitar los problemas de coordinación que habitualmente hemos tenido los colectivos con el funcionamiento de la cárcel: Existe una mala situación de las instalaciones que se emplean en las entrevistas interiores con los posibles usuarios y un pésimo mantenimiento de las mismas. Hay graves problemas de comunicación institucióncolectivos y dependiendo del funcionario de turno se aplican unas u otras normas. Se nos dificulta mucho el acceso aunque se hayan firmado acuerdos de colaboración y protocolos de actuación. Existen graves quejas en cuanto a intimidad en las entrevistas. Etc…
Propuesta.
Creemos que es preciso, del mismo modo que ocurrió con el plan general antisida o el plan general antidroga, que desde el Gobierno de Navarra se cree un plan general para la inserción penitenciaria. Es preciso sentar en una mesa a todos los agentes sociales ( hoy en día dependientes de tres consejerías diferentes: Bienestar Social, Salud y Justicia ), escuchar sus observaciones, alternativas y propuestas. Con ello podremos tener un programa de actuación coordinado y eficaz que este en marcha antes de la construcción del nuevo centro. Podremos conocer las carencias y poner los medios para mejorar los procesos de inserción en Navarra e incluso saber en cifras reales el desembolso económico que sería preciso para mantener, como mínimo, los actuales niveles de inserción.
Junto a ello iniciar un proceso de asunción de competencias penitenciarias de las que Navarra es una de las pocas comunidades que pueden ejercerlas. No queremos entrar en un debate sobre la viabilidad de que se puedan o no asumir por entero, aunque nuestro punto de vista es que con un población reclusa tan baja como la nuestra y unos recursos como los que tenemos, su asunción sería plenamente posible.
Lo que planteamos es la extensión dentro de la prisión de aquellas competencias que entendemos necesarias para un correcto trabajo de inserción y que se refieren a cuestiones que en exclusiva tiene ya asumida nuestra comunidad: Salud, educación, bienestar social. Con ellas podríamos crear un dirección general de inserción penitenciaria que nos coordinase, fiscalizara los recursos y asumiera totalmente una cantidad tan elevada de presos en nuestra sociedad. El resto de competencias referidas a régimen y seguridad, que son las que parece interesar más el gobierno central, podrían seguir asumiéndolas.
Existe ya una ley para la calidad de la sanidad publica que ordena la asunción por parte de las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria, por lo cual el proceso que hemos descrito en la practica ya se ha iniciado. Además recordemos que donamos una gran cantidad de dinero anualmente a nuestro centro penitenciario y que ya en un informe al respecto de la cámara de comptos vino a señalar que se daba “ sin contraprestación” y que convendría redefinir esta situación para ejercer responsabilidades penitenciarias que lo justificasen.
