- La medida se comenzó a aplicar el día 9 de diciembre, sin previo aviso y solo tres meses después de que se hubieran recuperado.
Pamplona, 24 de diciembre de 2021.- La asociación de apoyo a personas presas Salhaketa Nafarroa denuncia que desde el pasado día 9 de diciembre se han vuelto a suspender las comunicaciones vis a vis en el Centro Penitenciario de Pamplona. Es la tercera vez que se aplica esta medida en la cárcel de Pamplona y está generando graves perjuicios tanto a las personas presas como a sus familiares y personas allegadas. En esta ocasión la medida se adoptó de manera sorpresiva, al menos para las personas presas, las cuales fueron informadas de la suspensión el mismo día que la medida entraba en vigor y cuando muchas de ellas estaban preparadas para acudir al vis a vis. El aviso se realizó mediante la colocación de una nota informativa sin ningún detalle sobre las razones en las que se basa su adopción, criterios para su aplicación o la posible duración de la medida lo que genera una gran inseguridad e incertidumbre entre las personas presas.
La entrada en prisión supone una ruptura muy importante con el exterior y el mantenimiento de los lazos afectivos con familiares y personas allegadas es vital para las personas presas. Para ello, las comunicaciones vis a vis son un elemento fundamental y la única forma en el que las personas presas y sus familiares y allegadas pueden tener contacto físico: solo en estas visitas se pueden tocar, abrazar, sentir… Además, suspender los vis a vis no solo supone la imposibilidad del contacto físico sino que además supone una reducción en el tiempo total de contacto con el exterior al que tienen derecho las personas presas, que se reduce a los tiempos destinados a las comunicaciones telefónicas y por cristal. Es necesario señalar también que la suspensión de las comunicaciones vis a vis es una medida que agrava las afecciones propias de la salud mental que el encierro, por sí solo, ya crea o aumenta en las personas presas. Así mismo, esta medida, supone un castigo para las familias y personas allegadas que ven imposibilitado el contacto con la persona presa y que ven como sobre ellas pesan medidas que no rigen para el acceso a otros servicios públicos como son hospitales, residencias o centros escolares. Sigue leyendo